El virus Covid-19, ha representado uno de los mayores retos para la democracia colombiana. El equilibrio entre la necesidad de contener la propagación y la protección que merecen otros derechos como la vida digna, ha sido una de las tareas más complejas. La desinformación no ha permitido la evaluación de la razonabilidad de algunas de las medidas, cuyos efectos parecen confirmar que han podido ser más perjudiciales que la misma enfermedad; el miedo a la muerte ha desplazado el deber de defensa de la vida digna. Ambos, miedo y desinformación, han impedido el desarrollo del control social.

 

Se ha desplegado el mayor esfuerzo para proteger la vida biológica, pero se ha descuidado la protección de la vida digna. Abundan las voces de epidemiólogos y es notorio el silencio de quienes pueden hablar de la vida digna. La salud mental está en claro deterioro y los suicidios representan esas muertes invisibles que los medios de comunicación no registran o que a nadie importan.

 

Se ha considerado la búsqueda del sustento diario, la necesidad de proteger la propia vida digna, la defensa de los derechos individuales o la rebelión frente a las medidas más absurdas, como un acto de indisciplina y no como un acto de supervivencia o un ejercicio legítimo de desobediencia civil.

 

En nombre de esa indisciplina se han justificado las medidas más arbitrarias que han representado la negación absoluta de libertades individuales como el derecho a la locomoción. Se olvida que también existen peatones, conductores, motociclistas indisciplinados, y no por ello se puede estimar razonable la prohibición de caminar o conducir algún vehículo.

 

El órgano legislativo no ejerce con eficacia el control político y la jurisdicción ha sido tímida en el desarrollo de los controles constitucionales que ha debido desplegar frente a las decisiones del órgano ejecutivo. El ciudadano se siente cada vez más indefenso frente a los más evidentes actos de arbitrariedad.

 

Por lo anterior, el Centro Colombiano de Estudios Constitucionales- CECEC-, en cumplimiento de su misión de formación ciudadana, desea compartir el escrito SOY OBJETOR, NO INFRACTOR - Ve con el cual se pretende, en desarrollo del derecho fundamental a la libertad de conciencia (del cual se deriva el derecho a la objeción de conciencia) reconocido en el artículo 3º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en el artículo 12 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que todo ciudadano (a) imprima el texto, lo guarde al lado de su cédula de ciudadanía, lo pueda presentar ante toda autoridad frente a la que desee ser reconocido como objetor para que sea diferenciado de aquellos que no cumplen con las normas de autocuidado. Con el documento se busca promover la participación ciudadana y la objeción de conciencia como herramienta para la defensa de los derechos de todos los ciudadanos.